22-Enero-2026. La polémica vuelve a estallar en Yunguyo tras las recientes declaraciones del alcalde provincial, ingeniero economista Fernando Coya Valdivia, quien responsabilizó públicamente al Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) por la no conclusión del expediente técnico del nuevo hospital. Según la autoridad edil, dicho compromiso fue asumido por esta entidad nacional.
Sin embargo, lo que enciende la indignación ciudadana es que uno de los compromisos directos e ineludibles de la actual gestión municipal -la reubicación del botadero de residuos sólidos y la mitigación de los fuertes olores de la PTAR de Yunguyo- no habría sido cumplido hasta la fecha, pese a ser condiciones indispensables para la viabilidad del proyecto hospitalario. Este incumplimiento podría derivar en una grave pérdida de aproximadamente 225 millones de soles, presupuesto destinado a la construcción del tan anhelado hospital de Yunguyo.
En contraste con la versión municipal, el gerente regional de Infraestructura del GORE Puno, Jorge Limachi Mozo, dio a entender que dicho expediente técnico del nuevo hospital se encontraría en su etapa final de impresión y visación, pero reconoció serios retrasos en la obra de pavimentación del jirón 7 de Junio, atribuyéndolos principalmente a la Municipalidad Provincial de Yunguyo, en la que -según admitió- se confió para resolver con rapidez los problemas de agua y desagüe.
Limachi fue aún más contundente al señalar que el GORE cometió el error de creer en el compromiso municipal, ya que la solución prometida demoró excesivamente y se agravó por la constante ampliación de conexiones domiciliarias. Asimismo, aclaró que el problema del botadero de residuos sólidos no es competencia del Gobierno Regional, sino de la municipalidad, debido al incumplimiento de la normativa ambiental sobre distancias mínimas.
En este escenario, crece la percepción ciudadana de que la eventual caída del proyecto no sería responsabilidad de terceros, sino consecuencia directa de la inacción, desorden y falta de gestión de la autoridad municipal, poniendo en serio riesgo una inversión histórica y, sobre todo, el derecho de la población de Yunguyo a un hospital moderno y digno.
Mientras las autoridades se lanzan responsabilidades como en un juego político, Yunguyo sigue esperando respuestas claras, soluciones concretas y decisiones firmes, temiendo que los 225 millones de soles se esfumen entre excusas, impresiones, visaciones y discursos.
En resumen: el expediente técnico del hospital de Yunguyo estaría terminado, pero sin aprobación; avanzado, pero con errores; seguido, pero retrasado. Todo indica que la población seguirá esperando, mientras las autoridades afinan explicaciones, porque el hospital de Yunguyo, por ahora, sigue existiendo solo en el papel.
